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Cuarenta años de la primera Marcha del Orgullo y mucho por conquistar

Por David González, Equipo de Diversidad de AI España, 6 de julio de 2018

Cuarenta años se cumplen desde el primer Orgullo celebrado en Madrid, justo un año después de la primera manifestación por los derechos LGBT en las Ramblas de Barcelona (duramente reprimida por la policía), un 26 de junio de 1977, tan solo unos días después de las primeras elecciones democráticas en España desde febrero de 1936.

Cuarenta años, desde la modificación de la Ley de Peligrosidad Social que eliminaba la homosexualidad del texto, y que no entró en vigor hasta dos años más tarde, cuando recuperaban la libertad los últimos presos por delito de homosexualidad en el Estado.

La lucha, por supuesto, no nace ahí, ni tampoco con Stonewall en el 69, aunque sí influyera. En 1970 ya habían surgido organizaciones clandestinas como fue el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), enmarcado en un contexto de respuesta a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que aprobarían ese mismo año las Cortes de la dictadura. Esta ley era una modificación de la Ley de Vagos y Maleantes proveniente de la República, a la que se le había incorporado la homosexualidad en 1954.

Unos años más hubo que esperar para que se empezaran a reivindicar el resto de las siglas LGBTI en España. Una lucha dura y donde aún queda mucho por conquistar. Si bien en los últimos años se han producido algunos avances legislativos, se puede afirmar que ningún país del mundo respeta, garantiza y protege los derechos de las personas LGBTI en plena igualdad: en ocho Estados, amar a personas del mismo sexo está castigado con la pena de muerte y en otros 72 se sigue penalizando de diferentes modos.

Reivindicaciones actuales

España puede presumir de muchos avances en las últimas décadas, pero es incuestionable que todavía quedan muchas reivindicaciones por conseguir.
Un buen punto de partida sería acabar con la estigmatización de las identidades trans y género-diversas. Pese a que la OMS por fin ha dejado de considerar la transexualidad como una patología, el número de homicidios a nivel internacional de personas trans sigue aumentando. En nuestro país se han iniciado los trámites parlamentarios para reconocer la diversidad de género sin necesidad de que las personas trans estén obligadas a presentar un informe médico o psicológico, además de acreditar al menos dos años de tratamiento médico para acomodar características físicas al sexo reclamado, para así poder cambiar su nombre y sexo en los documentos oficiales, con el fin de evitar ese duro proceso y las consecuencias que genera en las personas.

Moviéndonos más al ámbito internacional, el panorama es desolador. Entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017 casi tres mil personas fueron asesinadas en 71 países en todo el mundo, según datos del Observatorio Trans de Personas Asesinadas. Esta situación obliga a muchas de estas personas a abandonar sus países de origen para no poner en riesgo su vida. Sin embargo, en los países en los que piden protección, no siempre encuentran una atención adecuada.


Las vidas y la seguridad de los hombres y mujeres trans de El Salvador, Guatemala y Honduras están en mayor riesgo, ya que las autoridades de sus países no las protegen. © AI/Sergio Ortiz

Es el caso de Alejandra (no se revela el apellido para su protección) activista LGBTI, que huyó de los ataques y la extorsión sufridos por su identidad transgénero en El Salvador. Pidió asilo en Estados Unidos en noviembre de 2017 y desde diciembre permanece recluida en un centro de detención en Nuevo México, donde junto con otras mujeres transgénero se han quejado de una atención médica inadecuada e insensible. Uno de otros muchos casos que Amnistía Internacional ha denunciado en su informe «Sin lugar que me proteja» centrado en los solicitantes de asilo en México por razón de su orientación sexual y/o identidad de género provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En una semana como esta, no podemos olvidar el bullying y acoso que sufren los y las menores LGTBI en la escuela, e incluso en sus familias. Según datos de COGAM-ILGA Europa, el 70% del alumnado muestra reticencias para aceptar a personas trans y más del 60% de las víctimas de agresiones homófobas piensan que el profesorado no actúa adecuadamente ante estas situaciones. Por otro lado, según una encuesta llevada a cabo por la FELGBT en 2012 entre 653 menores de 25 años que habían sufrido acoso escolar a causa de su orientación sexual, el 43% llegó a idear el suicido, el 35% lo planificó y el 17% lo había intentado en una o varias ocasiones Por eso, se necesitan medidas de actuación adicionales a los protocolos ya existentes y acciones que paralicen estos abusos. Además, es un acoso al que tampoco son ajenas las calles y que, por supuesto, no solo afecta a los menores, llegando a extremos de registrarse en todo el Estado 230 incidentes de delitos de odio en 2016 contra personas LGBTI, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

Es importante asimismo no olvidar la discriminación en los puestos de trabajo, el aislamiento que provocan las posibles consecuencias de visibilizarse y la precariedad a la que condena la dificultad para acceder al empleo siendo LGTBI, lo cual todo ello, es causa y consecuencia de un armario en el que nunca se debió estar, un armario en el que la sociedad te mete. Aún hoy en día siendo casi imposible visibilizarse en algunos ámbitos como ha demostrado ser, por ejemplo, el deporte, donde el colectivo todavía continúa estando lejos de la normalización.

Esta semana es momento de celebración. Festejemos estos cuarenta años, pero no consintamos que las identidades LGBTI solamente sean válidas cuando se pueden mercantilizar y convertir en objetos de consumo. Los derechos humanos no son un producto con el que hacer negocio, recuperemos el espíritu reivindicativo de las Ramblas de Barcelona para que esta batalla la ganen los derechos y las libertades.

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