En estas alegaciones se ha defendido respectivamente:
- Defensa de la gestión privada de los residuos: fomento del reciclaje material y de la red capilar de gestores de residuos existentes.
- Inclusión de líneas de inspección para los agentes ilegales que gestionan residuos sin estar autorizados.
Y de cara a intentar alcanzar los objetivos marcados, el Ministerio ha optado por modificar la Ley 22/2011 de residuos solo en estos puntos.
Sin embargo, al hablar de los puntos de entrega, en el borrador solo se menciona a los puntos limpios, por lo que se ha recalcado que los gestores de residuos autorizados también pueden ser puntos de entrega y pueden ser un complemento a los puntos limpios. Y para residuos como RAEE o baterías de automoción, ya se contempla expresamente a los gestores registrados como puntos de entrega en sus legislaciones específicas.
Por otro lado, dentro del proceso de participación pública del proyecto de decreto de inspección ambiental de Galicia, se ha insistido en la importancia de incluir líneas de inspección concretas para los agentes ilegales que gestionan residuos sin estar autorizados.
Las campañas de inspección no pueden centrarse en las instalaciones ya autorizadas que aparecen en los listados y registros. El verdadero problema radica en las campas ilegales que no están registradas y no aparecen en ningún listado.